El Consejo de Gobierno ha autorizado 2,4 millones de euros para prorrogar durante un año el programa que sostiene a 48 profesionales distribuidos en toda la Comunidad Autónoma que operan en los Servicios Sociales de Atención Primaria. Una decisión que, según ha recalcado la consejera Portavoz, Esther Padilla, garantizará que los 24 programas continúen activos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Estos equipos representan “la primera red de protección de las familias y de los menores”, ha señalado Padilla, quien ha aclarado que son un recurso esencial “en la respuesta temprana y humana que necesitan nuestros niños y nuestras niñas”. La portavoz ha explicado que este servicio complementa la labor de los servicios sociales básicos de Atención Primaria y permite desplegar las nuevas funciones previstas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Según ha concretado la portavoz, estos equipos son quienes acompañan a una familia cuando atraviesa un conflicto grave, quienes acuden cuando un centro educativo identifica señales de alarma y quienes promueven entornos seguros en pueblos, ciudades y barrios mediante talleres, charlas y actividades orientadas a detectar riesgos de manera precoz. “En definitiva, funcionan como un radar preventivo; detectan los problemas antes de que estallen y permiten que la protección llegue a tiempo”, ha destacado. Asimismo, también ha señalado la importancia de la coordinación con los ámbitos educativo, sanitario y de salud mental.
Por otro lado, la portavoz ha querido incidir en que cerca del 60 por ciento de los menores que viven en acogimiento residencial tienen alguna discapacidad, retrasos en el desarrollo o necesidades específicas de salud mental. Por ello, ha insistido en que esta colaboración entre instituciones resulta imprescindible y, sobre todo, exige contar con profesionales formados para prevenir y acompañar.
Compromiso con la infancia
A continuación, la portavoz ha puesto en valor que Castilla-La Mancha cuenta con un marco de trabajo consolidado. La portavoz ha recordado que la región adaptó su normativa en 2023 a la ley estatal y que sus protocolos autonómicos han sido reconocidos a nivel nacional, por ejemplo, por la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. “Nuestro modelo está considerado una buena práctica”, ha señalado Padilla, y ha añadido que las técnicas -recordemos que la mayoría de las profesionales son mujeres”- han presentado la experiencia de Castilla-La Mancha en congresos estatales organizados por la Red Española de Políticas Sociales, con una acogida “muy positiva”.
“Por tanto, esto no es una prórroga administrativa más”, ha aclarado Padilla, tras incidir en que se trata de un compromiso firme con la infancia, para que ningún niño o niña quede desprotegido por falta de recursos o de profesionales. “Castilla-La Mancha mantiene activo su sistema de alerta temprana para proteger a la infancia y apoyar a las familias, y lo hace con estabilidad, con personal especializado y con un modelo reconocido en toda España”, ha finalizado.
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